La disputa judicial por el patrimonio de la familia Kirchner entró en una fase decisiva. Cristina Fernández de Kirchner solicitó formalmente que se excluyan los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, del decomiso ordenado en la causa Vialidad, donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) concedió los recursos de apelación presentados por las defensas y elevó el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si se confirma o se revoca la orden de ejecutar 19 bienes actualmente a nombre de los hijos de la exmandataria para cubrir el embargo millonario.

El monto del perjuicio y el alcance del decomiso

En su resolución, los jueces del TOF 2 ratificaron que el monto del daño económico al Estado —actualizado a $684.990.350.139— se encuentra firme y que el proceso está en etapa de ejecución. No obstante, aceptaron que una instancia superior revise si resulta legal avanzar sobre bienes pertenecientes a personas que no fueron imputadas ni condenadas en el expediente.

Las propiedades en disputa fueron adquiridas durante el período investigado, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, y luego transferidas a Máximo y Florencia Kirchner mediante cesiones y sucesiones.

Los argumentos de Cristina Kirchner

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la medida dispuesta el 18 de noviembre y sostuvo que el decomiso viola principios constitucionales y tratados internacionales.

Según plantearon, el tribunal aplicó un “modelo de decomiso ampliado” que excede los límites legales al afectar bienes que ya no pertenecen a la condenada. También denunciaron una contradicción con fallos anteriores y un supuesto “avasallamiento” de la Convención Interamericana contra la Corrupción, al proyectar la sanción sobre terceros ajenos al delito.

La postura de Máximo y Florencia Kirchner

Por su parte, Luis Goldin, apoderado legal de Máximo y Florencia Kirchner, presentó un planteo de inconstitucionalidad al considerar que la medida es arbitraria y lesiona el derecho de propiedad.

El abogado sostuvo que el tribunal está extendiendo indebidamente el decomiso sobre bienes de origen lícito, vulnerando el principio de inocencia, el debido proceso y la prohibición de penas sin condena previa.

Qué deberá resolver Casación

El Tribunal Oral Federal 2 reconoció que el eje del debate jurídico gira en torno a si el decomiso puede aplicarse “por valor equivalente” sobre activos que hoy pertenecen a terceros con títulos formalmente acreditados.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso admitieron los recursos al considerar válido discutir si la sanción puede extenderse a bienes que, aunque vinculados temporalmente a la maniobra investigada, no forman parte directa del patrimonio de la condenada.

La definición quedó ahora en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Mientras tanto, las defensas anticiparon que, en caso de un fallo adverso, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia e incluso a organismos internacionales.

El objetivo del decomiso en la causa Vialidad

La orden original busca recuperar los fondos necesarios para cubrir el daño económico atribuido a la corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Además de los bienes de la familia Kirchner, el decomiso alcanza activos del empresario Lázaro Báez, de su hijo y de sus empresas, tras un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los inmuebles —ubicados principalmente en Río Gallegos y El Calafate— deberán ser ejecutados previa tasación, aunque su remate definitivo quedó en suspenso hasta que exista una resolución firme. Por ahora, los bienes permanecen inscriptos de manera preventiva en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados.